A juzgar por todas las peticiones de indultos, parece que hay personas que consideran la judicatura como un mercado donde se "pide la vez" y cuando a uno le toca el turno pide su "cuarto y mitad de indulto".
El ex banquero Alfredo Sáenz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de acusación falsa que llevó a la carcel al empresario Pedro Olabarría; el ex secretario general del Departamento de Trabajo de la Generalitat, Josep Maria Servitje (UDC), y al empresario Manuel Lorenzo Acuña, ambos condenados a penas de carcel por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en lo que se conoció como el caso Treball; Miguel Ángel Rámirez, importante contratista de Canarias y con estrechos vínculos con el PP; cinco mossos d'Esquadra condenados en 2009 por un delito de torturas; un conductor 'kamikaze' condenado a 13 años por matar a otro conductor (posteriormente anulado por el Tribunal Supremo). La lista de indultados es larga y en la mayoría de los casos, las razones para el indulto son tan arbitrarias, que surge la sospecha que detrás de estas medidas de gracia se esconden intereses políticos y económicos y pagos de favores. Las razones para no conceder un indulto también adolecen de esa arbitrariedad, como en el caso del juez Baltasar Garzón. Las peticiones se siguen sucediendo, como es el caso de Jaume Matas, el ex presidente de Baleares y ex ministro del PP, condenado por tráfico de influencias y la del torero Ortega Cano, que al final ha ingresado en prisión. Me imagino que con todos los casos de corrupción que se están investigando actualmente en España las peticiones de indulto seguirán llegando, que las razones aducidas serán cada vez más variopintas, y que los peticionarios seguirán sin arrepentirse ni disculparse por los delitos por los que son condenados.
En fin, que a este paso, pedir un indulto va a ser como pedir "cuarto y mitad" de chorizo.
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